En el ejercicio de revisar algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente de Colombia, encontramos una especial coincidencia. En todos ellos se utilizó el mecanismo del diálogo para facilitar el acercamiento de diversos sectores, lo cual permitió el sano intercambio de ideas, pensamientos, objetivos y sentimientos de los tomadores de decisiones.
Entre esos eventos se destaca uno liderado por la compañía Cerro Matoso en la región del Alto San Jorge, el cual ha tenido trascendencia en el ámbito empresarial del país. Se trata del primer proceso de consulta previa adelantado por una compañía del sector minero con comunidades vecinas a su área de operación.
El proceso de consulta previa fue ordenado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia de Tutela T-733 de 2017.
El fallo ordenó a Cerro Matoso realizar una consulta previa con ocho comunidades accionantes sobre la totalidad de su proyecto, dentro del año siguiente a la notificación de la sentencia. Así mismo, solicitar una nueva licencia ambiental dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la consulta previa. (Ver aspectos de la sentencia). 
La sentencia de tutela, además de una incertidumbre jurídica en el sector minero del país, generó muchas voces en contra de la gestión sostenible de Cerro Matoso; sin embargo la consulta previa, más allá de un proceso ordenado por el alto tribunal, se convirtió para la empresa niquelera en un escenario para lograr a través del diálogo, con las diferentes poblaciones de su área de influencia, cambiar la percepción colectiva hacia la industria minera.
Así lo explica Manuel Taborda, Presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Boca de Uré, al destacar que el diálogo basado en la confianza es fundamental para la solución efectiva de las diferencias y que la experiencia de la consulta previa no será la primera ni la única vez que se interrelacionarán positivamente con la empresa Cerro Matoso.

Inclusión para llegar a más beneficiarios

Aunque la Corte Constitucional en la Sentencia T-733 de 2017 ordenó realizar consulta previa con las comunidades indígenas de Pueblo Flecha - Unión Matoso, Puente Uré, La Libertad – Puerto Colombia, Guacarí – La Odisea, Centro América, Bocas de Uré, Torno Rojo y Consejo de Comunidades Negras de San José de Uré, la compañía Cerro Matoso incluyó a siete comunidades del área de influencia para iniciar procesos de diálogo que se hicieron efectivos con la socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la construcción de una línea base social para beneficio de 2.000 personas.
Estas comunidades fueron las Juntas de Acción Comunal de Centro América, La Odisea, Torno Rojo, La Estrella, Boca de Uré, Puerto Colombia y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Bocas de Uré.
De acuerdo con Ricardo Gaviria, Presidente de Cerro Matoso, la compañía incluyó a la organización afro y a las seis Juntas de Acción Comunal considerando que como vecinos de la mina también debían ser partícipes de los beneficios que pueda dar la extracción del níquel.
Mónica Oyola Pérez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Centro América en el municipio de Puerto Libertador, asegura que “valoramos el respaldo de Cerro Matoso a los comunidades. En los últimos años, gracias al diálogo, hemos desarrollado un nivel de confianza que nos permite sentarnos a negociar, acordar y ejecutar”.

Diálogo que transforma comunidades

Producto de los diálogos desarrollados durante el proceso de consulta previaCerro Matoso y las comunidades se acordó una inversión social de más de 73 mil millones de pesos en los próximos 25 años y una inversión en medidas ambientales de más de 75 mil millones de pesos.
Los programas de inversión social acordados, según las necesidades de cada una de las comunidades, incluyen propiedad colectiva de tierras, programas de educación para jóvenes y adultos, acceso a agua potable, mejoramiento de viviendas y proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos, con el fin de mejorar aún más la calidad de vida de los miembros de las comunidades. El acuerdo alcanzado da acceso inmediato a las comunidades étnicas a más de 400 hectáreas de tierra, y crea un fondo para la adquisición de estas.
En cuanto a las medidas ambientales se destaca incrementar las estaciones de monitoreo en los siete corregimientos o veredas que están cerca de la operación. Esto permitirá realizar, de forma conjunta y participativa con miembros de las comunidades consultadas, el monitoreo de agua, suelo y aire, tanto en la recolección de muestras como también en los trabajos de análisis y divulgación de los resultados.
Los programas ambientales también incluyen la certificación de decenas de técnicos ambientales de las comunidades consultadas, a través de programas del SENA, y de diplomados universitarios como veedores ambientales. Además, una universidad externa calificada, junto con los técnicos y veedores comunitarios, conducirá un estudio cada dos años para analizar los resultados de los monitoreos que se realizan de los diferentes componentes ambientales.
Los acuerdos han representado para la comunidad, el Estado y Cerro Matoso una alianza social, en la que el desarrollo comunitario se gesta desde el interior de unas comunidades empoderadas, conscientes y que toman en sus manos la responsabilidad de su propio proceso, para que, de la mano de la empresa y su estrategia de gestión social, se genere valor compartido, sostenibilidad mutua y convivencia armoniosa para una mejor calidad de vida y fortalecimiento comunitario.
Hoy, gracias al desarrollo de la consulta previa existe una relación armónica, en el marco del uso compartido y sostenible del territorio. Esta experiencia ratifica ese refrán sanchopancesco que indica: Hablando se entiende la gente.

CRÉDITOS

Dirección / Investigación de campo: Alfonso Chica Castilla
Diseño: Oscar Tejada
Infografía: Juan David Causil
Producción Audiovisual: Erick Fuentes / Tatiana Taborda
Imágenes: Archivo gráfico Panorama del San Jorge / Erick Fuentes
Agradecimientos: Comunidades vecinas de Cerro Matoso